Diputadas y diputados fijaron postura sobre reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
“2026, Año de Margarita Maza Parada”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2026
Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron postura sobre el dictamen que reforma diversas disposiciones transitorias del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, a fin de ampliar el plazo de su entrada en vigor.
Se tendrá mayor oportunidad para aplicar el proceso
La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) señaló que el nuevo sistema de justicia civil y familiar exige de todas las personas operadoras, magistradas, juezas, asesoras, defensores, docentes y estudiantes, nuevos conocimientos, competencias, habilidades y destrezas, en virtud de que constituye un cambio radical a la nueva forma de administrar justicia en nuestro país.
Precisó que esta reforma ha sido ampliamente solicitada por operadores jurídicos a lo largo y ancho del país, que han planteado posponer la entrada en vigor del Código Nacional. La prórroga del plazo máximo para aplicarlo “de ninguna manera pone en riesgo a ninguna persona”, ni el trabajo que están realizando los poderes judiciales que ya están aplicando dicho Código; por el contrario, tendrán mayor oportunidad para aplicar un proceso de implementación mucho más armonioso.
Se pide diferir la entrada en vigor del Código porque no le dan presupuesto
En tanto, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) aseveró que se pide votar por diferir la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hasta el año 2030, o quizás hasta el 2031, “pero no por las mejores razones, porque no le dan presupuesto ni lo tienen previsto para este año”.
“Lo vamos a votar a favor, está bien, pero no hay presupuesto ni ahorita ni posteriormente. Pero, además, debieron haberse revisado varios temas que pudieron no haberse pospuesto como en el caso de las personas con discapacidad. Lo votaremos para ver si por lo menos en 2030, aunque parece que hay una reserva de que se irá al 2031”, apuntó.
Que el nuevo ordenamiento se lleve a cabo de manera ordenada y progresiva
Por el PVEM, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo aseguró que el dictamen responde a la necesidad de ampliar el plazo máximo para la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, del 1 de abril de 2027 al 31 de abril de 2030. Se busca que la entrada en vigor del ordenamiento se lleve a cabo de manera ordenada y progresiva, tomando en consideración las capacidades institucionales, presupuestarias, tecnológicas y operativas de los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas.
Destacó que la ampliación del plazo permitirá contar con un periodo adicional para realizar las adecuaciones normativas y administrativas, fortalecer la infraestructura judicial, avanzar en la digitalización de los procedimientos y garantizar la capacitación del personal encargado de aplicar el nuevo sistema de justicia civil y familiar.
Tiene que existir un solo criterio jurídico
Para la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) lo que hoy se discute “no es una cosa menor, ya que es parte de la justicia cotidiana en nuestro país y se han realizado esfuerzos enormes por facilitar los procesos a quien hace uso de esta justicia”. Consideró que “no podemos aventurarnos” a que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entre en vigor cuando no se cuenta con los recursos e instrumentos suficientes para que así sea, “porque si no entonces no estaríamos cumpliendo nuestro objetivo”.
Subrayó que el objetivo principal del Código es que se homologuen los criterios para las 32 entidades federativas. “Eso continúa, solamente que lo tenemos que hacer de manera más eficiente y planeada. Tiene que existir un solo criterio jurídico”. En el Partido del Trabajo “seguiremos defendiendo que las reformas legales se traduzcan en derechos efectivos y en mejores condiciones de vida para el pueblo de México”.
Se establecen candados a disposiciones presupuestarias
Emilio Suárez Licona, diputado del PRI, señaló que en 2023 su grupo parlamentario votó a favor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual “iba a contribuir a mejorar nuestro sistema de justicia” y se estableció un plazo para que se llevara a cabo una transición ordenada con el objetivo de proporcionar certidumbre a la ciudadanía que buscaba acceso efectivo a la justicia en todas sus vertientes.
Hoy, añadió, se presenta una ampliación al periodo de cuatro años que se estableció en el régimen transitorio. Si bien se fija un tiempo más amplio para que las instituciones lleven a cabo los cambios administrativos y operativos necesarios para que las disposiciones del Código puedan aplicarse con certeza jurídica, se establecen también candados a disposiciones presupuestarias. “Las y los diputados del PRI no podemos acompañar un dictamen que retrasa la justicia en nuestro país y la hace vacía”.
No hay recursos suficientes para la implementación del Código
El diputado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther (MC) recordó que, en 2023 el Congreso de la Unión aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para buscar juicios más ágiles, audiencias orales, expedientes electrónicos, notificaciones a distancia y, desde luego, mecanismos alternativos para la solución de controversias. Sin embargo, pasaron los años y no se tomaron las medidas para que pudiera entrar en vigor, y ahora se propone “posponer por otros tres años, de 2027 hasta 2030, su entrada en vigor”.
Sostuvo que son tres años más de espera para miles y miles de justiciables que están sufriendo la tortura de un procedimiento que no llega a sentencia o una sentencia que no se puede ejecutar. “No hay recursos suficientes para que este Código de avanzada pueda implementarse. No se destina presupuesto en el pasado y no se consideran en el Proyecto de Presupuesto para 2027 los recursos necesarios para que de verdad se pueda implementar”.
Fuente: Cámara de Diputados